Conclusiones

Por lo hasta aquí desarrollado, podemos afirmar que el trabajo de las comisiones de indulto fue de importancia capital. En primer lugar, las personas indultadas eran inocentes. Muchas personas fueron condenadas por el fuero militar sin estar vinculadas con el movimiento subversivo. Lo lamentable de haber sido juzgados por el fuero militar es que hubo prefabricación de pruebas, es decir en la mayoría de los casos inventaron incautaciones, confesiones, etc. El hecho de haber metido a prisión a personas inocentes, evidentemente, malogró el proyecto de vida de cada una de ellas. Muchas de ellas tuvieron que pasar años en la cárcel pagando por un delito que nunca cometieron. Gracias a las comisiones, dichas personas dejaron de estar encerradas injustamente, lo cual significó una alegría inmensa no solo para ellas sino también para sus familiares.

En segundo lugar, la comisión del 2001 veló por los derechos humanos. Las personas que estaban a punto de ser juzgadas durante la época de terrorismo, tenían todas las de perder pues prácticamente ya estaban condenados, debido a la prefabricación de pruebas. Esto ocurría porque en el gobierno de Fujimori se estableció el beneficio de la confesión libre, esto quería decir que si un detenido por terrorismo daba nombres, la condena de este supuesto terrorista iba a ser disminuida, a costa de la desgracia de otras personas, en su gran mayoría inocentes. Como se puede ver, la palabra del acusado pesaba mucho y la persona que había sido nombrada prácticamente no tenía derecho a la legítima defensa, violando la constitución (Articulo 23). Es de esta forma que muchas personas ingresaron a la cárcel. Además no se seguía un debido proceso, pues para el fuero militar solo bastaba con el testimonio de una determinada persona y la prefabricación de pruebas.

Sin embargo, ciertos diarios, como el Expreso, han atacado la labor de las comisiones. Su primer argumento es que un miembro de la comisión no puede ser juez y parte. Es decir, el hecho de haber sido abogado de un acusado hace que el miembro de la comisión este predispuesto ha declarar inocente a un individuo encarcelado. Pero es imposible que un integrante de la comisión haya otorgado indultos, ya que únicamente el Presidente de la República tiene la atribución de indultar .Todas las recomendaciones que hicieron ambas comisiones no tenían carácter vinculante. Además es mejor que personas que ya se han encargado de defender a personas que ellos, con criterio, consideraron inocentes, sigan con la investigación para emitir la respectiva recomendación.

El segundo argumento del Expreso es que los indultados son terroristas. Expreso se basa en documentación obtenida del fuero militar. Esto no solo cuestiona la labor de la comisión de indulto, sino que también los acusa de tráfico de influencias con lo que estarían diciendo que la comisión estuvo a favor de los terroristas y que los indultados son terroristas. Esta acusación tiene sus bases en que los integrantes de la comisión como Ernesto de la Jara y Ronald Gamarra, fueron juez y parte, debido a que también estaban defendiendo a las personas que fueron indultadas por recomendación de ellos.

Esta parece ser una acusación algo apresurada y habría que analizar cada cosa detenidamente. Primero, como se ve en este artículo del diario Expreso la acusación se da porque según este diario, muchos de los indultados habrían sido acusados por verdaderos terroristas como por Ramírez Durán, “Camarada Feliciano”. Y ya que en el gobierno de Fujimori y gracias a los decretos-ley de 1992, (25475, 25659, 25708, 25880) si acusaban a alguien entonces ya era prácticamente un terrorista. Pero es lógico pensar que se abusó de este recurso para que la pena sea reducida, por lo que muchas personas inocentes fueron juzgadas y encarceladas. Por tal motivo y por los demás decretos-ley se creó, primero la comisión de indulto de 1996 y luego la del 2001, donde las personas a las que se les recomendó el indulto fueron investigadas durante la comisión e incluso antes de esta, debido a que los que la integraron, como ya se sabe, fueron también defensores de los injustamente encarcelados a su criterio. Sería ilógico pensar que una ONG como IDL que vela por los derechos humanos haya defendido gratuitamente sin criterio a personas que ellos consideraron inocentes, como también sería ilógico pensar que defendieron terroristas sabiendo ellos eso. Esto no quiere decir que el margen de error haya sido nulo, como toda en la vida, esto también tuvo que haberlo tenido. En todo caso, la acusación penal ya está hecha y ahora está en manos de la fiscal Frecia Junchaya si procede o no a una acusación.